El sector eléctrico reclama que la subasta de renovables garantice una rentabilidad fija

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La subasta se celebrará el próximo 17 de mayo y permitirá la instalación de 3.000 megavatios (MW) nuevos de renovables.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que ha acompañado en los últimos años al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Varias alegaciones de asociaciones, señala la CNMC sin citar los nombres concretos de las mismas, solicitan que se modifique la propuesta de real decreto y de orden ministerial, de modo que “la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes (a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones) como para las futuras”.

Algunas de las alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro de los aspectos que ha generado controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica

Las propuestas también incluyen la reducción de seis a tres meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

El anexo confidencial

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial “no está justificada”, indica la CNMC.

Este anexo, según algunas alegaciones, “reduce la transparencia de la subasta”. De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta